Por Luis Lafferriere – Docente universitario de economía política
Hablar del “Modelo K” es quizás una simplificación, si queremos referirnos a la situación de la economía argentina en la última década y comprender acerca de su funcionamiento. En realidad, se trata de la particular estructura de producción-destrucción y de distribución-concentración de la riqueza que surge en la Argentina en los últimos años de la década del ‘90, luego de la larga crisis que terminó sepultando el modelo que estaba vigente hasta mediados de los años ’70 (el denominado modelo ISI). Digo esto porque no fue el kirchnerismo quien le dio el formato al actual modelo de acumulación, sino el menemismo, que sentó las bases estructurales y jurídicas de lo que luego se consolidará con la expansión que tuvo la economía a partir del año 2003.Cuando hablamos de un modelo de acumulación tenemos en cuenta cuáles son los sectores económicos y sociales predominantes, cuál es la inserción de la economía nacional en el mundo, cuál es el rol jugado por el Estado, cuál es el marco jurídico, cuáles las pautas distributivas de la riqueza generada, cuál es la dinámica del funcionamiento global, etc. Y avanzado ya este siglo XXI podemos caracterizar al nuevo modelo vigente en la Argentina como neocolonial extractivista, producto y a la vez propulsor de un proceso de concentración, extranjerización, saqueo y crecientes desigualdades sociales. Modelo no sustentable en el mediano plazo y fuertemente dependiente del exterior para su crecimiento sostenido.
Este modelo socioeconómico se apoya en una estructura muy desequilibrada en base a unos pocos sectores que sirven para apuntalar el crecimiento que tuvo el país durante casi una década: la armaduría automotriz, los agronegocios contaminantes, la megaminería a cielo abierto y la extracción voraz y desenfrenada de hidrocarburos. En todos los casos citados, lo mismo que sucede en las restantes principales ramas de la economía, los protagonistas y beneficiados centrales son las grandes corporaciones transnacionales extranjeras, que han impuesto a nuestro país su rol de periferia primario-exportadora que abastece a viejos y nuevos imperios a costa de la depredación de los bienes comunes de la naturaleza que posee en su territorio. En este marco, el Estado debe garantizar la continuidad esencial del modelo y mantener la gobernabilidad y el orden, cumpliendo además con el pago de la deuda y los subsidios a los grupos económicos.
Este modelo de acumulación tiene (como cualquier otro) un funcionamiento cíclico, y hasta ahora pasó por varias etapas: la de su gestación dolorosa después de la demolición del modelo anterior (últimos años del menemismo), luego vino una profunda crisis que serviría para quebrar las últimas resistencias que quedaban de la ‘vieja’ Argentina (2001-2002), y a continuación la fuerte recuperación y posterior crecimiento (entre el 2003 y la actualidad). Ha mostrado una tendencia inédita a crecer sin grandes sobresaltos externos, como pocas veces ha sucedido en la Argentina. Para ello contó con una serie de condiciones internas favorables y un fuerte impulso del sector externo (en base a precios récords de los bienes primarios que exportamos).
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Transcurrida una década del reemplazo de la convertibilidad se generalizan los interrogantes sobre el rumbo de la economía. Las etapas de expansión sin obstáculos (2003-2008) y desajustes controlados (2009-2011) han quedado atrás y ganan visibilidad las grietas del modelo. Hidrocarburos, minería y ferrocarriles son áreas críticas, la sojización se afianza, la recuperación del empleo productivo pierde dinamismo y son numerosas las obstrucciones que enfrenta la reindustrialización.
La creciente extranjerización y concentración de la economía, el fracaso del intento de recreación de un sujeto burgués nacional, el dominio de las formadoras de precios, son rasgos cada vez más acentuados, mientras que la disputa por el excedente y la fuga de capitales, alimentan el proceso inflacionario y la perdida de competitividad deteriora las exportaciones industriales y amenaza el nivel de empleo.
En un debate con militantes del Partido Obrero y del Frente de Izquierda en la zona norte del gran Buenos Aires, el candidato a Presidente en las elecciones pasadas advirtió que “una adquisición del 25% de las acciones de YPF en poder del grupo Eskenazi, por medio de una expropiación parcial, sólo representaría ‘una mejicaneada’ entre antiguos socios y de ningún modo una recuperación de soberanía petrolera”.
Para Altamira, “un canje del lugar del socio minoritario de Repsol, entre el grupo Petersen y el Estado equivaldría a una operación de encubrimiento del vaciamiento petrolero que sufre Argentina. Según el ex candidato a Presidente, “fuera de la expropiación parcial, el gobierno no tiene otro medio para alcanzar el objetivo del control operacional de la compañía, porque los estatutos de YPF blindan el control accionario por parte de Repsol. Por otra parte, el resto de los grupos petroleros, que controlan el 65% de la producción de crudo, quedarán afuera de la pseudo nacionalización de YPF, a pesar de que se encuentran incursos en el mismo proceso de desinversiones de la subsidiaria española”.
Marchó Agmer Paraná y recordó: “las tizas no se manchan con sangre” - AIM
La columna educativa de la escuela Fray Mamerto Esquiú interrumpió el tránsito sobre calle Urquiza. Pidieron soluciones al problema de contaminación del agua. Entre las falencias aseguran que hay paredes electrificadas y vidrios rotos.
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