No hay razón alguna para aceptar en silencio el ahogo de las finanzas provinciales. La solución de los actuales apremios está al alcance de la mano. Pero hay que animarse.
Mario Alarcón Muñiz
Esta semana comenzará en la Legislatura entrerriana el estudio del presupuesto 2013. Por lo que se observa hasta ahora, el proyecto del Poder Ejecutivo no será modificado, salvo en cuestiones menores.
Vale destacar que en los últimos 80 años (desde la Constitución de 1933 que estructuró el formato actual de la Legislatura), ha sido Urribarri el gobernador con mayor respaldo de las cámaras. Ni en los mejores tiempos de Perón y sus gobernadores (Maya, Albariño, Texier) el oficialismo consiguió el dominio cómodo que desde diciembre ejerce sobre la Legislatura. Claro que estas ventajas políticas hacen más pesadas ciertas responsabilidades, principalmente la del presupuesto.
No presenta mayores novedades el proyecto. En general los números varían en función del proceso inflacionario. Aunque se lo niegue o se lo relativice, es imposible esconderlo. En las cifras oficiales aparece. Se observan aumentos de partidas de salud (26%), educación (21%), minoridad (21%), comedores escolares y gastos alimentarios (29%), obras públicas (30%), coparticipación a municipios (25%) y personal (28%), aunque en este rubro sin hacer referencia alguna a aumentos de sueldos. En rigor los índices -puntos más, puntos menos- responden a las exigencias de la inflación. En trazos gruesos se trata del mismo presupuesto.
Todo según la inflación
Es tan similar al presupuesto vigente que también el déficit se le parece y hasta supera a la inflación. De un desequilibrio preventivo de 1.000 millones de pesos aprobado hace casi un año, la cifra se eleva a 1.400 millones para 2013. El PE programa 22.500 millones de gastos que cubrirá con 21.100 millones de recursos. Esto quiere decir que las cuentas no cierran. Es otro presupuesto deficitario. En consecuencia la provincia seguirá endeudándose.
Al finalizar el último año la deuda provincial consolidada totalizaba 4.040 millones de pesos, según lo confirmó en su momento el ministro de Economía, Diego Valiero. A esa cifra se le añadía entonces una deuda flotante de 1.900 millones aproximadamente.
Dentro de aquella deuda consolidada cabe señalar que 2.321 millones se adeudan a la Nación, según el compromiso firmado en diciembre último y presentado como “plan de desendeudamiento” de las provincias, cuando en realidad se trata de una refinanciación, pues no hay reducción alguna de la deuda. La ventaja consiste en el menor índice de intereses y la amplitud del plazo de pago hasta 2030. Pero habrá que pagar.
Más deuda, menos salarios...
No hay comentarios:
Publicar un comentario