...Lejos de buscar soluciones al conflicto educativo, Urribarri y su partido judicial intentan apagar el incendio con nafta. Repudiamos la decisión antidemocrática de pretender acallar las voces de las escuelas mediante el chantaje judicial.
Como advertimos en diciembre de 2014, lo que necesitan nuestras escuelas es mayor presupuesto educativo, salarios dignos, edificios en condiciones, mobiliario, actualización de las partidas de limpieza y comedores. Por el contrario, el gobierno provincial avanza con el ajuste y se niega a discutir la recomposición salarial que permita recuperar lo que perdimos ante el ajuste inflacionario en una provincia con los docentes peor pagos del país. El 1 de junio se debió reabrir la discusión salarial, el gobierno tuvo 22 días de tregua y se mantuvo de espaldas a los trabajadores. La Justicia entrerriana acompañó estas políticas silenciando y permitiendo el ocultamiento del fallo que en noviembre de 2014 ordenó el blanqueo del Fonid en Entre Ríos, dando muestras de complicidad y connivencia con las políticas ajustadoras. Llevan medio año sin exigir ni aplicar lo que es justicia, mientras en minutos deciden impedir el ejercicio constitucional del derecho de huelga...
La falsa antinomia alumnos-docentes
El gobernador que asuma en diciembre tendrá, como sus antecesores, un desafío clave con la educación. Deberá hacer frente a un enredado problema que los últimos mandatarios no han podido resolver. La cuestión tiene muchos costados desde donde observarla, pero en la opinión pública y en la agenda de política y sindical, en general se presenta como un debate que gira sobre dos ejes: el derecho de los trabajadores a desempeñarse en condiciones dignas y a tener una retribución justa por su tarea, y el derecho a aprender de los niños, niñas, adolescentes y adultos.
Hasta ahora, cuando los docentes hacen uso de las herramientas gremiales, constitucionales, para hacer valer su parte, las necesidades de los estudiantes quedan relegadas: cuanto más paros y asambleas, menos días y horas para dedicar al proceso de aprendizaje. Si prevalece la protección, constitucional, a quienes se educan, son los trabajadores quienes retroceden en sus demandas, como resultó del fallo judicial del viernes contra Agmer, Sadop y AMET. Así las cosas, este tironeo permanente entre dos derechos básicos no puede resolverse sin que alguno de los dos sectores falsamente en pugna termine teniendo supremacía sobre el otro.
Los remedios que se han intentado desde el Poder Ejecutivo no tuvieron como efecto la superación del problema: las paritarias son un sano ejercicio democrático, un camino para la resolución de conflictos y una garantía para los asalariados; pero se diluyen si no hay decisión política y recursos presupuestarios. Los descuentos por paros son castigos para los huelguistas que ni siquiera tienen efecto como tales. La judicialización termina por prolongar las disputas indefinidamente.
Del otro lado, no es menos cierto que la dirigencia sindical se endurece o se ablanda influenciada por las relaciones políticas y los contextos electorales, a veces más que por la urgencia y gravedad del reclamo. También es cierto que, con frecuencia, la reiteración de la medida de suspensión de las clases no repara en el impacto negativo que esto puede tener en quienes necesitan tiempo para aprender.
El próximo gobierno provincial tal vez tenga más éxito si no separa lo que no puede separarse: las dos caras de una misma moneda. Es decir, si rompe con la falsa antinomia, si diseña políticas que integren lo presupuestario y lo pedagógico; que supongan que no hay educación posible sin alumnos aprendiendo, pero tampoco sin docentes trabajando en buenas condiciones salariales. Y para esto necesitará de los gremios un acompañamiento sincero, con bases tan preocupadas por sus salarios y condiciones laborales como por sus obligaciones como educadores.
Fundamentalmente, los maestros y profesores entrerrianos que consagran sus vidas al vínculo con sus alumnos y dejan la salud en el aula, así como los miles de gurises, adolescentes y adultos que no pueden no estudiar sin sacrificios, merecen una política inteligente, reflexiva y solidaria para superar una antinomia que solo lleva al fracaso.
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